Tú no mereces ir a la universidad

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Mi hermana se acaba de graduar Magna Cum Laude en Medicina. Una vez intentó obtener una beca por excelencia académica, pero lo que les interesó a los funcionarios durante la entrevista fue saber si se bañaba con jabón Las Llaves, si el piso de su casa era de tierra, y qué opinaba del proyecto de salud chavista Barrio Adentro. No le dieron la beca. Hago énfasis de nuevo: a mi hermana, que se graduó en la carrera más difícil de todas con una nota cercana a la perfección, le negaron una beca de méritos académicos por no bañarse con jabón azul, tener un piso de cerámica y no ser chavista. En cuanto al acceso al mercado de trabajo, sólo voy a decir que en su entrevista para aquel organismo público llamado Insalud, le preguntaron cuál era la fecha y el lugar de nacimiento de Hugo Chávez, cuál era su prócer pátrio favorito, y cuál era el nombre completo de Nicolás Maduro.

Este diciembre, cambiaron las condiciones de acceso a las universidades públicas en Venezuela. Ahora el promedio de las notas hasta el penúltimo año del bachillerato sólo valdrá 50%. Aparecen nuevos criterios: 30% de “condiciones socioeconómicas”, 15% a algo extrañamente vago llamado “territorialización”, y un 5% de “participación en intentos de ingresos anteriores y actividades extracurriculares” (así que, intuyo, un candidato que ya haya sido rechazado varias veces aumenta sus oportunidades de triunfo en este último punto).

Que las notas de la escuela sólo cuenten en un 50% para el ingreso a la universidad no es inusual en el mundo. Pero que el restante 50% no esté compuesto al menos parcialmente por algún tipo de medición académica, sí lo es. “Democratizar el acceso a la educación superior”, le llama el Gobierno. Y acá es donde surge la primera cuestión importante: ¿qué significa una educación superior democrática? O mejor dicho, si todo el mundo tiene derecho a la educación, ¿esto significa que cualquiera puede estudiar en una universidad pública?

Todos concordamos en que son necesarias medidas que compensen nuestras desigualdades socioeconómicas, pero dichas medidas no pueden penalizar el esfuerzo académico de los demás. Bajo el nuevo proceso de ingreso, una persona tan sólo por ser pobre y vivir lejos ya tiene garantizada casi la misma cantidad de puntos que una persona clase media de la ciudad que se mató todo el bachillerato estudiando. ¿Es eso justicia social?

Yo soy de los que cree que la salida de la pobreza implica subsidios y la construcción de un Estado Social que luche por cualquier tipo de garantía para todos poder competir justamente en igualdad de condiciones. Me parece que en Latinoamérica ha quedado más que demostrado que no será la mano invisible del mercado la que arregle la profunda inequidad que tenemos sembrada desde el principio de los tiempos. No es justo, me parece, que se le exija el mismo rendimiento académico que a mí a una persona que tiene que tomar tres autobuses para ir a estudiar, que duerme con la barriga vacía y viene de un hogar desestructurado. Claramente, hay que tomar en cuenta estas circunstancias si se quiere tomar una decisión verdaderamente justa.

Las medidas de discriminación positiva existen para intentar reparar desigualdades producidas por las injusticias históricas. Estas medidas suelen ser controversiales, pues significan convertir al Estado en una especie de Robin Hood, en lugar de un ente que establezca reglas y condiciones para todos por igual.

Brasil es un caso apasionante y que el resto de los países latinoamericanos deberían estudiar para ver sus errores y sus aciertos. Básicamente, Brasil fue el último país en abolir la esclavitud en el hemisferio occidental y las consecuencias de aquella herencia siguen vivas en su sociedad. Intentando reducir la falta de escolaridad en la población negra e indígena, el gobierno brasilero ha establecido un cierto número de cupos en las universidades públicas para personas que se definan como negros o indios, a esto se le conoce como “cuotas raciales” y se reservan un total del 20% de todos los cupos para estos efectos. También fueron creados comités que verifican la validez de las autodefiniciones raciales de los candidatos (con todas las inconsistencias que eso implica, por ejemplo: ¿cómo determinar qué es negro claro y qué es moreno oscuro?)

Hasta la mitad del siglo XIX, 5 millones de negros habían sido llevados como esclavos a Brasil. Para comprender la enormidad de esa cifra en aquel contexto histórico, hay que decir que la población actual de Portugal es de tan sólo 10 millones de personas. Las estadísticas, de una forma objetiva y demostrable, señalan que existe una mayoría negra que ha sido marginalizada a lo largo de la historia brasilera. 42% de toda la riqueza de Brasil se encuentra en manos del 10% de su población (siendo sólo el 5% de la población más rica de Brasil negra). El ingreso mensual de un negro brasilero, también, suele ser casi la mitad de lo que recibe su compatriota blanco. Y por último, la mayoría de la población carcelaria está compuesta por personas negras, pobres y sin educación.

Teniendo en cuenta todos estos datos, ¿cómo negar que la solución a los problemas brasileros tiene que tomar en cuenta el factor racial? ¿Cómo conseguir que aquellas masas enormes de descendientes de esclavos, concebidos y criados en medio de circunstancias desfavorables, se igualen con aquellos que fueron beneficiados por la injusticia?

Los criticos de las cuotas raciales decían que la segregación entre blancos y negros se apoderaría de los salones y la mediocridad de aquellos que entraron gracias a las cuotas acabaría por destruir las universidades brasileras. Pero nada de esto ha pasado todavía y debo decir que en un caso tan extremo como el brasilero, apoyo estas medidas porque creo que la situación demanda la existencia de ayudas que equilibren las cosas (si bien, yo le haría varios cambios fundamentales). Por falta de autoregulación, a veces es necesaria la imposición de leyes que garanticen una igualdad de oportunidades. Aun así pienso que lo académico debería ser el factor principal y ningún negro, tan sólo por serlo, debería tener un cupo garantizado en una universidad pública. En ese sentido me parece radical, absurdo y criticable también. Claramente, el caso brasilero no es un tema fácil y ambos puntos de vista tienen su cuota de verdad.

En cualquier caso, de ser aplicadas estas medidas, deben ser transitorias y correctivas. De lo contrario, sólo perpetuamos esquemas discriminatorios, y sencillamente tiene que existir una mejor manera de hacer las cosas. En Brasil ya se ha demostrado que existe cada vez más una diferencia menor en la nota de los candidatos de las escuelas públicas en comparación a las notas de los candidatos provenientes de colegios privados. Así que dichas políticas deben acabar tan pronto como la brecha social no demuestre ser tan fuerte como para predestinar el acceso de estos jovenes a la educación superior, de lo contrario estarían estas cuotas raciales creando la desigualdad y no corrigiéndola.

Creo que la realidad demuestra que en el caso brasilero convenía la radicalidad de las medidas, incluso reconociendo que es una manera cínica y bruta de abordar las desigualdades de base en la educación. ¿Pero será realmente necesaria una reforma parecida en Venezuela? ¿Acaso la mayoría de los cupos en las universidades públicas venezolanas estás llenos por personas de la -casi inexistente- clase alta? Las universidades venezolanas son instituciones profundamente incluyentes a nivel económico y social. De hecho, son el primer espacio en el que la clase media interactua verdaderamente con los pobres del país. Al entrar en la universidad se rompe por primera vez la burbuja de los colegios privados y nuestras ciudades tan groseramente segregadas por el urbanismo (o la falta de él).

¿Corrige esta reforma un problema de inclusión en las universidades venezolanas? No. Por el contrario, acentúa aún más el factor clasista con un carácter resentido y revanchista, pues no responde a criterios objetivos. La tésis de esta reforma, la idea-fuerza, es la siguiente: ser rico es malo. Ya está. No hay mayor estudio, no hay mayor plan, ni nobles ideas igualitarias… Esta es una reforma para joder a los que estudiaron en colegios privados, no para incluír a los más desfavorecidos en las universidades venezolanas.

Entonces, en lugar de salir con el discurso cínico de la defensa de los pobres, el Gobierno debería mejorar sus condiciones de vida antes de llegar a la universidad. Cómo vas a hablar de darle beneficios a las personas de bajos recursos para entrar a la universidad si no les diste, en primer lugar, una educación básica y media decente. Las escuelas públicas en Venezuela son mini-cárceles, algunas no tienen ni baños pero tienen drogas, pandillas y armas. Si el problema de la desigualdad en la educación surge porque los pobres tienen que estudiar en escuelas remotas y con peores condiciones, empiecen por cambiar eso. Las universidades venezolanas necesitan infraestructuras, necesitan diversidad en la oferta de carreras, necesitan profesores con mejores calificaciones académicas y salarios dignos… En fin, el menor de los problemas de las universidades venezolanas es su proceso de ingreso.

Propongo esto tanto en el caso brasilero como venezolano: que las familias pobres tengan incentivos para mandar a sus hijos a la escuela, que los alumnos aplicados de las escuelas públicas reciban ayudas económicas, que les sean disponibilizadas clases particulares en las tardes, que se creen mejores rutas de transporte hasta las escuelas, que se garantice la alimentación de los estudiantes. Concuerdo con mil tipos de subsidios y ayudas, pero me parece que discriminar en dirección contraria es arreglar las cosas a martillazos, y lo que es peor, me parece que puede acabar por alimentar un nuevo racismo o clasismo: el que concuerde con la política de estado y su visión oficial de la historia.

Estas políticas raciales y socioeconómicas son evidencia de que el Gobierno ha fallado en ofrecerle a sus ciudadanos una calidad de vida suficiente como para que todos estén en igualdad de condiciones. La inclusión a mandarriazos de las clases pobres mal instruidas en la educación superior venezolana, lejos de arreglar el sistema educativo, lo que hace es demostrar su fracaso. Estas políticas simbolizan una confesión de la incapacidad para ofrecer una educación pública de calidad. El Gobierno venezolano está diciendo: si hubieras tenido dinero para ir a un colegio privado, con su transporte y alimentación privada, estarías mejor preparado que al depender de mí. Entonces, en vista de que fallé al proveerte de igualdad de oportunidades y no pude elevarte, déjame bajar el estándar de los demás. En vista de que fracasé en sacarte de la pobreza, déjame empobrecer a los demás.

Todo el mundo tiene derecho a la educación, sí. Pero no todo el mundo merece ocupar un lugar en una universidad. El Estado debe cumplir su deber de garantizar el acceso a la educación superior a aquellos que hayan demostrado tener voluntad de estudiar independientemente de su color o clase social. Pero más allá de eso, yo creo que un Estado que se plante frente a los incapaces, los flojos y los aprovechados de distintos colores y clases sociales, y les diga: “ustedes, señores, no merecen ir a la universidad”, estaría actuando bajo los mejores principios de defensa de la colectividad.

Evidentemente, el gobierno está haciendo que sea bastante fácil entrar a la universidad sin demostrar competencias académicas. Así que sólo puedo esperar que, para los mediocres, les resulte más difícil salir graduados de allí. Es eso lo único que pueden hacer ahora las universidades públicas venezolanas en defensa de su autonomía: elevar su rigor académico. Sólo así podrán asegurarse de que incluso si muchos estudiantes le quitaron el cupo a los que sí lo merecían -empujados por la mano divina de San Hugo Chávez redentor de los pobres- no salgan con un diploma con aquella misma facilidad, a menos que lo merezcan.

A los profesionales de la educación que siguen perseverando en aquella vocación tan maltratada en un ambiente tan hostil y vergonzosamente subpagado: mi más sincera admiración y también mis condolencias.

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